Faltan apenas unos días para que se cumpla el primer año desde que las autoridades chinas alertaron a la Organización Mundial de la Salud. Un brote epidémico de la COVID-19 empezaba a dar la cara de sus peligrosos efectos. Desde aquellos fatídicos días, el mundo se enfrenta a un gran reto en el que la sanidad pública desempeña un papel crucial.
Afortunadamente el nivel de información sobre el virus, y algunas de las mejores formas de evitarlo, es mayor en la actualidad. Incluso se han empezado a administrar las primeras vacunas en algunos países. Sin embargo los efectos de la pandemia están afectando de múltiples formas, y a diversos colectivos de la sociedad.
Con respecto a la desigual forma en la que los países se están enfrentando a la COVID-19, son muchos los colectivos y las organizaciones que recuerdan la importancia de que esa respuesta se base en los derechos humanos.
La sanidad pública y su defensa de las personas mayores
Uno de los sectores de la sociedad más vulnerable frente al virus está siendo sin duda el de las personas mayores. Y, aunque el esfuerzo de muchos países para cuidar a sus mayores ha sido evidente, no hay que ignorar que los estándares de esta atención han sido desiguales. En otros casos el respeto a los derechos humanos ha sido pésimo o casi inexistente.
Durante la segunda ola del coronavirus han aumentado los estudios médicos, la investigación y las acciones directas para combatir la pandemia. A nivel nacional, la sanidad pública ha sido el eje vertebrador de las acciones más importantes para paliar los efectos de la COVID-19. Uno de los ejemplos más claros ha sido el adelantamiento de la campaña de vacunación de la gripe por parte de las comunidades autónomas.
En el caso de los diferentes países, y en la mayor parte de los casos, las normas generales de atención a las personas mayores se está estableciendo por los gobiernos. Para vigilar que esas normas se cumplan correctamente, muchas organizaciones, colectivos y agentes sociales se esfuerzan a diario por informar sobre cómo hacerlo.
Siete principios de una respuesta basada en los derechos humanos
Un buen ejemplo de este esfuerzo podría ser el de la guía propuesta por HelpAge International.
La guía con Siete principios para que la sanidad pública de una respuesta frente a la COVID basada en los derechos es clara y sencilla. Uno de sus objetivos es el de medir si en los diferentes países se están cumpliendo dichos principios.
- Tratar a las personas mayores con respeto: Es decir, tratarlas bien. Sabiendo que son tan importantes como el resto.
- Tratarlas de forma justa: Evitando que las normas que se impongan les causen problemas o le hagan la vida más difícil.
- Asegurarse de que las personas mayores forman parte de la comunidad, y que tienen las mismas oportunidades que todos los demás. En este aspecto hay que asegurar que las reglas funcionan para todos igual. Sean hombres, mujeres o tengan cualquier tipo de discapacidad.
- Asegurarse de que las personas mayores toman sus propias decisiones. Deben tener para ello toda la información que necesiten para tomar sus propias decisiones. Por supuesto, también con respecto a su tratamiento médico.
- Asegurar que las normas se hacen correctamente durante la COVID-19. Los gobiernos tienen que dar información clara sobre el virus, de una manera fácil y que llegue a todos.
- Las personas mayores tienen que formar parte de la creación de dichas normas frente a la pandemia. Se debe preguntar a las personas mayores, y además escuchar lo que opinen sobre esta nueva enfermedad y la forma de afrontarla.
- Asegurarse que las normas que se hacen durante la COVID-19 son adecuadas para las personas mayores. Los gobiernos deben tomar medidas si se tiene una buena razón para usarlas, pero deben revisar su utilidad para ver si siguen siendo necesarias.
Si estás preocupado porque algún familiar, que viva cerca o lejos de ti, pueda sentirse solo. O si crees que puede necesitar acompañamiento profesional, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
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